La Defensoría del Pueblo se pronunció ante las denuncias periodísticas referidas a que determinados congresistas de la agrupación Acción Popular se estarían reuniendo con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para solicitar la priorización de proyectos.
Esto pese a no encontrarse registrados en el Sistema de Priorización de Proyectos ni contar con expediente técnico o estar este vencido.
Indicaron que han remitido el Oficio 0093-2022-DP, dirigido a la presidenta del Congreso de la República, para que informe cuál es el marco legal que habilita a los congresistas a impulsar la priorización de proyectos u obras.
Además, solicitaron, a través del Oficio 0073-2022-DP-ALCCTEE, a la Subgerencia de Control del Sector Transporte y Comunicaciones de la Contraloría General de la República que investigue los actos de corrupción relacionados con la aprobación de los referidos proyectos. Ambos sin respuesta a la fecha.
De otro lado, consideraron grave para la institucionalidad del país que, en los últimos días, se hayan denunciado las coordinaciones y presiones del ministro de la Producción a su secretario general y al jefe de un organismo adscrito, para designar como funcionarios de este sector a profesionales supuestamente recomendados por congresistas integrantes de Acción Popular.
Finalmente, expresaron su preocupación de que una inadecuada relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, manifestado en el intercambio de favores y obras, dada la correlación de votos en el Congreso, pueda estar afectando el debido desempeño de las funciones de fiscalización y de control parlamentario de las actividades del Poder Ejecutivo.
PIDEN UNA INVESTIGACIÓN
La Defensoría del Pueblo demanda que los hechos denunciados por los medios de comunicación sean investigados a la brevedad por la Contraloría, el Ministerio Público y el mismo Congreso de la República; sin perjuicio de que los congresistas eviten caer en supuestos de conflictos de interés que afectan la correcta administración pública y la adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
