Pese a que el presidente de la República, Pedro Castillo, señaló en su discurso por 28 de julio, que el Ejecutivo ha aprobado la continuidad de 59,166 trabajadores contratados con el régimen CAS-COVID con pase a CAS regular. El Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley aprobada en el Congreso que pasaba a los profesionales al CAS regular. ¿Cuáles fueron los argumentos?
“No cuenta con un análisis de los costos, ni la evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios en los pliegos involucrados, que puedan ser destinados a su aplicación en el presente año, como para los años subsiguientes”, se indica en el documento enviado por el Ejecutivo al Parlamento.
Asimismo, se detalla que, de acuerdo al Decreto de Urgencia 018-2022, el presupuesto transferido para los contratos denominados CAS-COVID, solo cuentan con financiamiento hasta el 31 de julio del 2022.
“No existe fecha a la fecha proyecciones de gastos adicionales para la sostenibilidad de este tipo de contratación y su “cambio” a la modalidad de CAS regular. De manera que contrario a lo indicado en el artículo bajo su análisis, su financiamiento sí generaría mayores gastos no presupuestados”, se detalla.
En otra parte de la observación, se indica que, en el ordenamiento jurídico, no se ha establecido una escala remunerativa que defina el sueldo para los trabajadores CAS. Además, “debe tenerse en cuenta que, independientemente del régimen laboral de contratación, el acceso al servicio civil se realiza por concurso público de méritos en un régimen de igualdad de oportunidades de acuerdo con los principios de mérito y la capacidad de las personas, con excepción de los puestos de confianza”, señala.
SESIÓN EXTRAORDINARIA
El Pleno del Congreso sesionará de manera extraordinaria este sábado 30 de Julio a las 10:30 horas. Lo que se solicita es debatir y someter a votación la insistencia de la autógrafa del Proyecto Ley que autoriza el cambio de contratos CAS Covid a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud”, la cual fue observada por el Poder Ejecutivo.
