Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel el acaparamiento y la especulación de precios de los productos y servicios de primera necesidad en zonas declaradas en emergencia.
El dictamen propone sentenciar con penas de entre 3 y 6 años de cárcel a las personas que acaparan o de cualquier manera sustraen del mercado, bienes o servicios de primera necesidad con el objetivo de provocar escasez u obtener lucro indebido.
El proyecto de ley, que aplicará solo en las zonas que el Gobierno declare en emergencia por desastres naturales, también establece que el productor, proveedor o comerciante que pone en venta bienes o servicios de primera necesidad a precios superiores a los habituales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días-multa.
La iniciativa legislativa será puesta a una segunda votación en siete días, y de ser aprobado será enviado al Ejecutivo para su promulgación u observación.