La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento declaró improcedentes y envió al archivo dos denuncias planteadas contra el presidente Alan García Pérez, el titular del Parlamento, César Zumaeta y varios ministros de Estado.
Una de ellas también incluía a la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz, e integrantes del Tribunal Constitucional (TC).
La primera denuncia, presentada por congresistas del Partido Nacionalista, atribuía al jefe de Estado como al titular de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, y el ex ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, una presunta infracción al artículo 139 de la Carta Magna.
La denuncia se fundamentaba en la emisión del Decreto Supremo 248-2010-EF (publicado el 8 de diciembre del año pasado), que otorgaba seguridades y garantías para la construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura dirigidas a la irrigación de Pampas en Siguas.
El informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales concluye que la referida denuncia carece de los fundamentos de hecho, respecto de los cuales se pueda determinar que la supuesta infracción constitucional atribuida se haya cometido efectivamente.
La segunda denuncia declarada improcedente fue presentada por los ciudadanos Jesús Linares Cornejo y Virginia Delgado Berlanga, contra el Jefe de Estado, el titular del Parlamento, César Zumaeta, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz e integrantes del TC.
La acusación se fundamentaba en dos sentencias expedidas por el TC que afectaron a los denunciantes, hecho que originó que llevaran su queja respectiva ante el Presidente de la República, el Parlamento, el Ministerio Público entre otras instituciones.
En opinión de los autores de la queja, los funcionarios de Estado habrían incurrido en un supuesto encubrimiento, por permitir que miembros del TC que habían concluido su mandato continúen ejerciendo sus funciones.
De otro lado la Subcomisión de Acusaciones constitucionales declaró improcedente otras denuncias presentadas por algunos ciudadanos contra congresistas, la ex fiscal de la Nación y miembros del Tribunal Constitucional.
