La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo en el marco de la investigación por el caso Puente Tarata y otros. De esta manera, el máximo tribunal declaró infundado el recurso de apelación presentado por su defensa contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por lo que la medida se extenderá hasta el 9 de marzo de 2027.
En su resolución, la Corte Suprema sostuvo que persisten los presupuestos que justifican la prisión preventiva. Entre sus argumentos, indicó que existirían indicios de una posible pretensión de asilo político por parte del exmandatario, además de considerar que su arraigo laboral es incierto y que su arraigo domiciliario resulta insuficiente, factores que evidenciarían un riesgo de sustracción de la justicia.
Pedro Castillo es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión. La investigación comprende presuntas irregularidades relacionadas con la licitación del Puente Tarata, contrataciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y otros presuntos actos de corrupción durante su gobierno.
CONDENA POR CONSPIRACIÓN
Además de este proceso, el exjefe de Estado cumple una condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, sentencia que se encuentra apelada. En el caso Puente Tarata también son procesados los exministros Juan Silva, quien permanece prófugo de la justicia, y Geiner Alvarado, por presuntamente integrar una organización criminal dedicada a favorecer contrataciones irregulares en diversas entidades del Estado.
