El Gobierno de José María Balcázar aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, una estrategia que busca fortalecer la respuesta del Estado frente al incremento de delitos en el Perú y reforzar la coordinación entre instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
Estrategia contra la criminalidad en el Perú
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y forma parte de las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec). El documento establece lineamientos para que las entidades públicas articulen acciones contra el crimen organizado, el sicariato y otras modalidades delictivas que afectan a distintas regiones del país.
Durante la presentación del plan, el presidente José María Balcázar sostuvo que la estrategia mantiene un enfoque democrático y flexible que permitirá adaptarse a la evolución de la criminalidad. “Este plan no contiene un enfoque autoritario extremo que dañe la figura democrática del país. Es una herramienta que podrá reajustarse porque la criminalidad así lo exige”, señaló.
El mandatario también lanzó una advertencia sobre la postura del Estado frente a las organizaciones delictivas. “No se puede negociar de ninguna manera con los delincuentes. Hacerlo sería ceder el sistema democrático que tenemos”, remarcó al referirse a la política de seguridad del Gobierno.
Coordinación entre instituciones del Estado
Balcázar explicó que el éxito del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 no depende únicamente de la Policía Nacional del Perú o del Ministerio del Interior, sino de una estrategia conjunta con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para fortalecer la persecución del delito.
Asimismo, anunció la convocatoria a las facultades de Derecho del país para desarrollar un “plan B legislativo” que permita cerrar vacíos legales y evitar que criminales reincidentes eludan la justicia mediante estrategias jurídicas.
El decreto también establece que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para implementar los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan. Además, precisa que su ejecución se realizará con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del tesoro público.
