Política

Hace 4 horas

Asociación de jueces rechaza presión política en proceso judicial por derechos humanos

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia emitió un pronunciamiento tras la intervención del presidente interino del Congreso en una audiencia judicial vinculada a violaciones de DDHH.




La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) expresó su rechazo a la intervención del presidente interino del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, en una audiencia judicial relacionada con presuntas violaciones graves de derechos humanos, al considerar que dicha acción vulnera principios fundamentales como la independencia judicial y la separación de poderes. El pronunciamiento fue emitido el 13 de enero de 2026 desde Lima.

Según el documento, la asociación recordó que la Constitución Política del Perú consagra la autonomía de los jueces y prohíbe cualquier forma de presión o interferencia externa en sus decisiones. En ese sentido, calificó como "inaceptable" que un alto representante del poder político intente influir en un proceso en trámite, más aún cuando se trata de causas sensibles vinculadas a derechos humanos y responsabilidades de agentes del Estado.

ADVERTENCIA DE RESPONSABILIDADES

JUSDEM denunció que este tipo de actos no solo afectan el desarrollo regular del proceso judicial, sino que también podrían generar responsabilidades políticas e institucionales para quienes los promueven. El gremio advirtió que intervenir o insinuar decisiones desde el poder político constituye una conducta incompatible con el orden democrático y el Estado de derecho, al quebrantar el equilibrio entre los poderes del Estado.

Finalmente, la asociación alertó que estas prácticas, acompañadas de discursos públicos que cuestionan o deslegitiman a los jueces, representan una amenaza directa al sistema constitucional. En ese contexto, observó con preocupación el uso reiterado de la política para presionar procesos judiciales y exhortó a las instituciones del Estado a adoptar una respuesta clara y firme que garantice el respeto a la independencia judicial y la protección del sistema democrático.


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