La Fiscalía de la Nación formalizó la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos del Puerto, cumpliendo un anuncio previo del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas. La decisión implica el retiro de coordinadores y el traslado de investigaciones a subsistemas especializados, bajo el argumento de “unificar la persecución penal”.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
A través de cuatro resoluciones, Gálvez justificó la medida en la necesidad de fortalecer los subsistemas de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos, evitando —según su posición— la dispersión de casos. La fecha no fue casual: el propio fiscal interino ironizó que la oficialización se haría en la “Bajada de Reyes”, al señalar que estos equipos “se han considerado reyes” y que “no han dado resultado”, atribuyéndoles escenarios de encubrimiento, impunidad y persecución.
La resolución sostiene que la reorganización permitirá optimizar el talento fiscal y asegurar continuidad procesal bajo un mando unificado. En ese marco, se dispuso la remoción de coordinaciones y la reasignación del personal fiscal y administrativo, junto con sus cargas procesales, a las fiscalías especializadas correspondientes.
REASIGNACIONES, CASOS Y CRÍTICAS
El Equipo Especial Lava Jato fue desactivado mediante la Resolución N° 007-2026-MP-FN; cesó la coordinación del fiscal superior Rafael Vela Barba y 97 carpetas fiscales pasarán al Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. De igual forma, la Resolución N° 008-2026-MP-FN desarticuló el Eficcop, transfiriendo sus casos a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Asimismo, la Resolución N° 006-2026-MP-FN puso fin al equipo Cuellos Blancos del Puerto y retiró de la coordinación a Alfonso Barrenechea Cabrera, quien será reasignado a una fiscalía de prevención del delito. Finalmente, el Eficavip, encargado de investigar muertes en protestas sociales 2022-2023, fue absorbido por las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
Antes de la oficialización, Vela advirtió que la disolución sería una “ofrenda a la corrupción”, mientras que José Domingo Pérez cuestionó un presunto adelanto de opinión y alertó sobre eventuales perjuicios en los casos emblemáticos.
