La congresista Lucinda Vásquez atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera política. No solo afronta una investigación por presunto tráfico de influencias agravado, sino que podría enfrentar una infracción constitucional que derive en su inhabilitación. Paralelamente, el Congreso ha iniciado un proceso ético en su contra tras difundirse imágenes de un trabajador cortándole las uñas en su despacho.
INDICIOS Y RIESGOS PENALES
El Ministerio Público investiga a Vásquez por la supuesta venta de exámenes durante el proceso de nombramiento docente de 2021. Según el abogado penalista Julio Rodríguez, el delito de tráfico de influencias no requiere que el ofrecimiento se concrete; basta con solicitar dinero para gestionar accesos indebidos. De confirmarse esta hipótesis, la pena podría llegar hasta ocho años de prisión e incluir inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Las evidencias reunidas por la Fiscalía incluyen mensajes de chat, registros de llamadas y geolocalización del teléfono de la legisladora, elementos que contradicen su versión de que no estuvo en Tarapoto y que su celular fue robado, sin denuncia formal. El levantamiento del secreto de las comunicaciones permitirá determinar el nivel de contacto entre Vásquez y los involucrados en el proceso docente. Si el Congreso aprueba el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, el caso avanzaría a etapas penales; de lo contrario, podría quedar archivado temporalmente.
PROCESO POR EL POLÉMICO 'CASO CORTA UÑAS'
A nivel parlamentario, la Comisión de Ética aprobó investigar a Vásquez luego de que un reportaje mostrara a un asesor cortándole las uñas de los pies en su oficina, mientras otro colaborador le preparaba el desayuno. Las imágenes, tomadas en 2024, generaron críticas por el presunto uso indebido de recursos públicos y un posible abuso de poder. La comisión, presidida por Elvis Vergara, inició el proceso con siete votos a favor, uno en contra y una abstención.
Durante la sesión, algunos legisladores pidieron sanciones inmediatas; sin embargo, se aclaró que el reglamento exige un proceso regular, ya que los hechos no ocurrieron en flagrancia. Vásquez solicitó que se respete el debido proceso, mientras su bancada, Juntos por el Perú, decidió suspenderla temporalmente mientras duren las investigaciones. El asesor implicado aseguró que la acción fue un gesto humanitario ante una dificultad de la congresista.
FUTURO POLÍTICO INCIERTO
Según especialistas, el Congreso también podría evaluar si las conductas atribuidas a Vásquez constituyen una infracción a la Constitución, lo que abriría la puerta a su inhabilitación para ejercer cargos públicos, independientemente del proceso penal. La Comisión de Ética analizará los testimonios y pruebas antes de emitir una resolución que podría incluir una suspensión de hasta 120 días sin goce de haber.
Mientras continúan las diligencias fiscales y parlamentarias, el panorama para Lucinda Vásquez se torna cada vez más complicado: enfrenta cuestionamientos éticos, acusaciones penales y la posibilidad de perder su escaño en medio de crecientes evidencias en su contra.
