En el marco del cumplimiento de la regla fiscal para el 2025, el Gobierno del Perú aprobó un Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias de austeridad en el aparato estatal. El objetivo es ahorrar 1,200 millones de soles de la caja fiscal y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, luego de dos años consecutivos de incumplimiento de la meta fiscal.
De acuerdo con Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), la decisión del presidente interino José Jerí responde a dos factores principales: el déficit persistente entre ingresos y gastos públicos, y el crecimiento acelerado de los sueldos estatales, impulsado en parte por decisiones del Congreso. “El Perú lleva dos años con ingresos por debajo de los gastos, y los incrementos salariales continuaban expandiéndose sin control”, explicó.
El decreto dispone la modulación del gasto en bienes y servicios no críticos, como publicidad, eventos, consultorías y servicios diversos, priorizando la inversión pública en ejecución. Según Fuentes, esta consolidación fiscal busca “evitar gastos improductivos” y reorientar los recursos hacia proyectos con impacto positivo en el balance económico general.
DECISIONES DEL CONGRESO
El especialista advirtió que las políticas de austeridad podrían verse amenazadas por decisiones del Congreso, como el reciente aumento salarial de los magistrados del Tribunal Constitucional a S/ 42 mil mensuales y un proyecto para extender dicho beneficio a la Junta Nacional de Justicia. A ello se suman incrementos aprobados por el propio Ejecutivo, como la nueva escala salarial en el Ministerio Público y las mejoras remunerativas para diplomáticos.
