La iniciativa legislativa de Fuerza Popular vuelve a poner en debate la figura de la impunidad en el uso de la fuerza estatal. De aprobarse, la nueva norma modificaría artículos clave del Código Penal y beneficiaría a más de 300 agentes procesados por muertes y lesiones ocurridas en las protestas que siguieron a la caída de Pedro Castillo.
INMUNIDAD PENAL Y ELIMINACIÓN DE REPARACIÓN CIVIL
El proyecto de ley presentado por el congresista Fernando Rospigliosi plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para incorporar un nuevo numeral que exonera de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, en cumplimiento de su deber y dentro del marco reglamentario, cause lesiones o muertes durante operativos de control.
Asimismo, la propuesta modifica el artículo 92 del mismo código, eliminando la obligación de pago de reparación civil para quienes queden exentos bajo esta figura legal. En otras palabras, los agentes absueltos por esta ley no tendrían que indemnizar a las víctimas o sus familiares.
APLICACIÓN RETROACTIVA
La iniciativa también incorpora una Disposición Complementaria Transitoria que garantiza su aplicación retroactiva, beneficiando a los policías y militares denunciados, investigados o procesados por hechos vinculados a las protestas sociales de 2022 y 2023. Durante ese periodo, según la Defensoría del Pueblo, 48 civiles perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden y más de 300 agentes fueron sometidos a procesos penales.
Rospigliosi justificó la medida señalando que busca “proteger a quienes cumplieron su deber constitucional en contextos de violencia”. Sin embargo, organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron que el proyecto podría incrementar la impunidad en casos de abuso de la fuerza y violaciones de derechos humanos.
