El abogado penalista César Nakazaki advirtió que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso del caso Cócteles —donde se investigaba a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos— podría aplicarse también a otros casos emblemáticos, como el del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Según explicó, el fallo marca un precedente jurídico que obliga a los jueces a respetar el principio de legalidad penal.
FALLO DEL TC Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD
En entrevista con Canal N, Nakazaki precisó que la decisión del TC se basa en que los aportes de campaña de los años 2011 y 2016 no constituían delito en ese momento, ya que la figura de “recepción de dinero de origen ilícito” fue incorporada al Código Penal recién en noviembre de 2016. Por ello, cualquier investigación sobre hechos anteriores vulnera el principio constitucional que prohíbe aplicar la ley penal de forma retroactiva.
“El Tribunal no ha declarado inocente a Keiko Fujimori, simplemente ha establecido que los hechos imputados no encajan en ningún tipo penal vigente en ese periodo”, explicó el penalista, quien subrayó que el fallo no exime responsabilidades políticas, pero sí delimita el alcance jurídico de la acusación.
POSIBLES EFECTOS EN OTROS CASOS PENALES
Nakazaki sostuvo que el mismo criterio debería aplicarse al proceso seguido contra Humala y Heredia, ya que sus imputaciones también se sustentan en aportes de campaña anteriores a 2016. “El principio de igualdad ante la ley obliga a todos los jueces a resolver de la misma manera cuando los hechos son similares”, afirmó.
El abogado señaló que este precedente del TC marcará un antes y un después en los procesos por presunto lavado de activos en el Perú. “La justicia no puede reinterpretar el derecho penal para adecuarlo a contextos políticos. Si no existía el delito, no puede haber persecución”, remarcó.
EVALUAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Finalmente, Nakazaki consideró que, tras más de una década de investigación, correspondería evaluar una indemnización al Estado por los daños ocasionados por procesos jurídicamente inviable. Rechazó, sin embargo, que se denuncie penalmente a los fiscales del caso, advirtiendo que ello podría politizar aún más la justicia.
“El sistema judicial debe aprender de sus errores. El principio de legalidad es la base de todo Estado de Derecho”, concluyó Nakazaki, subrayando que el fallo del TC redefine los límites del poder punitivo del Estado frente a la política.
