El congresista Guillermo Bermejo Rojas solicitó formalmente al Ministerio Público que se dicte impedimento de salida del país contra la presidenta Dina Boluarte, debido a las investigaciones y acusaciones constitucionales que enfrenta. A través del Oficio N° 083-2025-2026-GBR-CR, dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, el parlamentario afirma que su pedido se sustenta en el artículo 295° del Código Procesal Penal. “Solicito a vuestro despacho realizar las coordinaciones que correspondan para requerir el impedimento de salida del país de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, se lee en el documento.
Bermejo subrayó que el requerimiento responde a las “diversas carpetas de investigación por delitos que van desde actos de corrupción hasta violaciones a los derechos humanos”, presuntamente cometidos durante el actual gobierno. Según precisa el congresista, los hechos se relacionan con “más de 60 peruanos que perdieron sus vidas en las protestas sociales contra este régimen”. En su comunicación, el parlamentario recalca que la investigación de estos delitos debe realizarse “con el imputado presente”, en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el Perú.
Contexto político: mociones de vacancia y acusaciones en curso
El oficio también hace referencia a la coyuntura política actual, en la que se tramitan dos mociones de vacancia presidencial contra Boluarte en el Congreso de la República. “Una gran mayoría parlamentaria las ha suscrito, siendo inminente su desafuero”, advierte Bermejo en su carta. En esa línea, el legislador argumenta que un eventual viaje de la mandataria podría obstaculizar los procesos judiciales y parlamentarios en curso.
Finalmente, el congresista calificó su pedido como una medida necesaria para “garantizar justicia a los deudos de las víctimas” y evitar que se genere impunidad. “De lo contrario, estaríamos garantizando impunidad para los deudos de las víctimas de estos crímenes perpetrados por este régimen”, enfatizó Bermejo, quien firmó digitalmente el oficio remitido al despacho del fiscal Gálvez la tarde del jueves 9 de octubre.
