El alcalde Rafael López Aliaga anunció una ofensiva judicial contra Brookfield, el fondo canadiense propietario de Rutas de Lima, tras la liquidación de la concesionaria. Según el burgomaestre, la empresa deberá indemnizar al Estado peruano por más de S/ 3 mil millones como compensación por los perjuicios ocasionados en la gestión del contrato de peajes en la capital.
Durante un acto público en San Martín de Porres, López Aliaga afirmó que solicitará al Concejo Metropolitano de Lima aprobar una moción para iniciar acciones civiles contra Brookfield. “Vamos a pedir que Brookfield le pague al Perú una indemnización superior a los tres mil millones de soles. Que nos devuelvan todo el dinero que se ha tirado acá partiendo de un contrato corrupto”, enfatizó el alcalde.
El reclamo surge luego de la liquidación de Rutas de Lima, empresa que desde 2016 estaba bajo control de Brookfield tras la compra a la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán. López Aliaga, quien asumió la alcaldía en 2023 con la promesa de eliminar los peajes, aseguró que “va a reabrirse ese contrato de porquería” que perjudicó a los limeños.
LA RESPUESTA DE BROOKFIELD
En un comunicado, Brookfield señaló que las medidas adoptadas por el Estado peruano “destruyeron la viabilidad financiera” de Rutas de Lima, asegurando que la pérdida de valor fue tan severa que “el patrimonio de la empresa se volvió negativo”. El fondo canadiense asegura haber invertido S/ 3 mil 300 millones en el proyecto y sostiene que el gobierno ha actuado de forma “arbitraria e injusta”.
Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado información al exfiscal que firmó el acuerdo con Odebrecht para conocer por qué Rutas de Lima fue excluida del convenio. Además, la comuna advirtió que el abogado consultado “trabajó para Jenner & Block, firma que representó a Brookfield”, lo que podría implicar conflicto de intereses en el proceso.
BATALLA LEGAL EN EL CIADI
La disputa entre Lima y Brookfield se suma a un proceso internacional ya abierto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde la empresa demanda al Estado peruano por 2 mil 700 millones de dólares, alegando vulneración a su inversión.
Mientras tanto, el caso también revive las acusaciones contra Susana Villarán, quien afronta un juicio por presuntamente recibir 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas de 2013 y 2014. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 29 años de prisión en su contra. López Aliaga, en tanto, prometió que “el Perú será respetado” y que esta vez “los responsables pagarán los daños causados a la ciudad”.
