La lentitud con la que el Congreso de la República procesa los informes de la Comisión de Ética Parlamentaria mantiene en suspenso múltiples sanciones. A pesar de los escándalos por recorte de sueldos, uso indebido de recursos del Estado y contrataciones irregulares, algunos casos permanecen estancados durante meses sin ser debatidos en el Pleno, generando cuestionamientos sobre la efectividad del sistema disciplinario interno.
SANCIONES QUE SE DILATAN MÁS DE LO PERMITIDO
Un análisis de los registros parlamentarios muestra que el Pleno del Congreso demora entre 65 y 269 días en poner en agenda los informes finales de la Comisión de Ética que recomiendan suspensiones. Entre los casos más rezagados están los de Raúl Doroteo (309 días sin debate), Darwin Espinoza (218 días) y María Agüero (141 días).
El retardo no es un hecho aislado. En los últimos dos años, solo cinco congresistas fueron suspendidos, pese a que la Comisión aprobó más de una decena de sanciones. Casos excepcionales como los de Freddy Díaz —denunciado por violación sexual— y Pasión Dávila, quien golpeó a un colega, fueron los únicos que avanzaron con rapidez inusual.
EL CASO KIRA ALCARRAZ Y LA FALTA DE PRIORIDAD
La congresista Kira Alcarraz (Podemos) enfrenta dos procesos en Ética: uno por contratar a la pareja de su hijo en su despacho y otro por amenazar a una periodista. Sin embargo, su posible suspensión podría demorar meses, como ocurrió con otros parlamentarios, debido a los plazos extensos entre la aprobación del informe y su debate en el Pleno.
De acuerdo con información obtenida por Correo, los informes aprobados en Ética pueden tardar hasta 269 días en ser vistos por el Pleno. Incluso cuando el presidente de la Comisión, Elvis Vergara (Acción Popular), elevó los casos pendientes en septiembre, no se volvió a insistir en su priorización ante la Mesa Directiva presidida por José Jerí.
BLINDAJES Y SANCIONES MÍNIMAS
Mientras algunos casos permanecen congelados, otros ni siquiera llegan a ser debatidos. La congresista María Acuña (APP) logró archivar denuncias por invasión de terrenos públicos y recorte de sueldos, mientras sus colegas Alejandro Soto e Hilda Portero también fueron absueltos por “mochasueldos”.
Otros parlamentarios, como Rosío Torres, Magaly Ruiz, Heidy Juárez y José Arriola, recibieron solo amonestaciones escritas o descuentos de haberes, evitando suspensiones reales. Estos antecedentes alimentan la percepción de “blindaje político” dentro del Congreso, institución que enfrenta una desaprobación del 94.4%, según la última encuesta de CPI.
ÉTICA EN PAUSA
El funcionamiento de la Comisión de Ética Parlamentaria vuelve a ser motivo de críticas por su lentitud y aparente falta de independencia. Mientras los procesos disciplinarios se estancan, congresistas con denuncias siguen ejerciendo sus funciones sin sanción efectiva, reflejando la crisis de credibilidad y transparencia que atraviesa el Parlamento peruano.
