La Comisión Permanente del Congreso aprobó archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Con 12 votos a favor y 10 en contra, se validó el informe que concluye que no existen pruebas suficientes para responsabilizar a la jefa de Estado.
La acusación, presentada por el ex fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, también alcanzaba a los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como a los exministros del Interior y Defensa: César Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero. Según el informe, los testimonios y documentos entregados por la Fiscalía no demuestran que los implicados hayan actuado de forma dolosa ni con intención de causar los fallecimientos.
El dictamen, elaborado por el congresista José Jerí, sostiene que no es jurídicamente válido atribuir responsabilidad penal bajo la figura del deber de garante, debido a que esta se sustenta en normas de carácter general. Además, enfatiza que no se pudo probar un vínculo directo entre las decisiones de los funcionarios y las muertes registradas en distintas regiones del país.
44 MUERTOS Y MÁS DE 100 HERIDOS DURANTE LAS PROTESTAS
Los hechos investigados ocurrieron en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, periodo en que Boluarte asumió la presidencia. De acuerdo con la Fiscalía, se reportaron 44 fallecidos, 47 heridos graves y 69 con lesiones leves.
