Un partido político presidido por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien renunció a su cargo en 2018 tras verse involucrado en el escándalo de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto, encendió la alarma electoral al intentar participar en los comicios de 2026 mediante recursos judiciales. Unidad Popular consiguió que un juez aceptara un amparo pese a que la agrupación se inscribió fuera del plazo oficial, lo que ha generado una fuerte reacción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que advierte un grave riesgo para la legitimidad del proceso.
PELIGROSO PRECEDENTE JUDICIAL
El JNE reveló que ya existen antecedentes similares: en las elecciones regionales y municipales de 2022 se interpusieron más de 300 recursos de amparo para avalar candidaturas o partidos con irregularidades, entre ellos casos de inscripción extemporánea y postulantes con condenas dolosas, informó Perú21. Para 2026, la proyección es aún más preocupante: se estima que podrían presentarse entre 2,500 y 3,000 recursos, lo que complicaría el desarrollo normal de los comicios presidenciales y parlamentarios.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que si se permite la participación de un partido fuera de plazo, la misma lógica aplicaría para otros que busquen ingresar irregularmente. “Es un gran riesgo para el éxito de la organización de las elecciones”, señaló en conferencia de prensa.
JNE DEFIENDE SU AUTONOMÍA
Ante esta situación, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi anunció que el JNE presentará esta semana una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). Además, adelantó que solicitarán una medida cautelar para frenar las resoluciones judiciales que, en la práctica, estarían alterando el calendario electoral.
Ghersi recordó que existe un precedente del año 2005 que reconoce la inmutabilidad del cronograma electoral. “Lo grave es que a un juez no le importó este antecedente y quiere meter a un partido por la ventana”, afirmó. El jurista subrayó que la defensa no responde a intereses partidarios, sino a la necesidad de garantizar elecciones transparentes y confiables en abril de 2026. (Con información de Perú21)
