Silvana Carrión, quien hasta hace poco se desempeñaba como procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, denunció que su cese no responde a criterios técnicos sino a presiones políticas. “Es el primer acto consumado en el que la Procuraduría General del Estado permite injerencia política”, sostuvo, al remarcar que el acta donde se justifica la evaluación de su continuidad señala expresamente que fue “a pedido del alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, que ha hecho tres pedidos” sobre su cargo.
La abogada precisó que existe un conflicto de interés, dado que el líder de Renovación Popular “está incluida su agrupación en un caso penal en el cual nosotros participamos”. Según relató, los pedidos de López Aliaga fueron acogidos por la Procuraduría General y finalmente determinaron su salida. “Está retirando a la procuradora que está persiguiendo civilmente a su agrupación”, advirtió.
Mensajes directos e intimidaciones
Carrión también reveló que el alcalde limeño la contactó directamente en reiteradas ocasiones. “Yo he sido pasible de amenazas por mensajes a mi WhatsApp del propio alcalde todo este tiempo”, afirmó. De acuerdo con su versión, López Aliaga le exigía aceptar el ingreso al procedimiento de Discovery, advirtiéndole que de lo contrario expondría información en medios de comunicación. “Me ha escrito en mayo y junio de este año indicándome, intimidándome de que tenía que tomar la decisión (…) porque si no iba a publicar varias cosas en prensa”, relató.
Asimismo, denunció que esta presión habría trascendido al ámbito parlamentario. “Un grupo de congresistas de su agrupación Renovación Popular asistió el 9 de junio a la Procuraduría General del Estado a pedirle a la procuradora (…) mi apartamiento del cargo”, mencionó, señalando incluso al legislador Alejandro Muñante, presidente de la Comisión Lava Jato. Para Carrión, este conjunto de acciones constituye “una clara injerencia política” en el manejo de un caso emblemático como Odebrecht.
