La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles a sus Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar informes sobre dos denuncias declaradas procedentes contra el expresidente Pedro Castillo.
Estos casos, que involucran presuntas infracciones constitucionales, corresponden a la modificación irregular del directorio de Derrama Magisterial mediante decreto supremo en 2022 y al uso de aeronaves militares para traslados familiares.
Denuncia por decreto en sector educación
La Denuncia Constitucional 302 –presentada por el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, acusa a Castillo y al exministro Rosendo Serna de infringir la Constitución al emitir el Decreto Supremo 009-2022-Minedu.
Este modificó la composición del directorio de Derrama Magisterial, entidad privada con autonomía administrativa desde 1984 que administra aportes previsionales de maestros públicos. La denuncia sostiene que el Ministerio de Educación carecía de competencia para imponer cambios sin propuesta de la entidad, vulnerando su marco legal.
Acusación por uso de avión militar
La Denuncia impulsada por Edward Málaga Trillo investiga el presunto uso indebido de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por Castillo el 23 de junio de 2022. Según manifiestos de vuelo, el expresidente habría trasladado a familiares, incluido su sobrino Fray Vásquez Castillo, prófugo de la justicia– en un vuelo Lima-Chiclayo.
Juicio político
El informe de la Subcomisión califica estos hechos como posible violación a los principios de "legalidad, probidad y servicio a la nación". Ambas investigaciones avanzan tras ser declaradas procedentes. Las subcomisiones deberán presentar conclusiones dentro del plazo establecido, determinando si existen fundamentos para un juicio político contra el exmandatario.
