La presidenta Dina Boluarte y sus 18 ministros enfrentan una denuncia penal por autorizar un incremento de sueldo presidencial que eleva su salario mensual de S/15,600 a S/35,568, superando el límite legal de S/26,000 establecido por la Ley N° 28212. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Voces del Pueblo, señalando que el incremento vulnera la Constitución y abusa del poder normativo del Ejecutivo.
AUMENTO BAJO LA LUPA FISCAL
De acuerdo al documento presentado por los dirigentes Ronald Atencio Sotomayor y Luis Trinidad Abarca, la denuncia contra Dina Boluarte y los ministros se basa en presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. El cuestionado Decreto Supremo Nº 136-2025-EF, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por la propia Boluarte junto al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, es señalado de contravenir la ley al establecer un salario superior al permitido, afectando los principios de equidad, austeridad y legalidad en la función pública.
La denuncia responsabiliza a todos los ministros que participaron en la aprobación del decreto, al haber beneficiado de manera directa o indirecta a la presidenta, pese al conocimiento de la ilegalidad que implicaría un aumento de sueldo presidencial en medio de un contexto de recortes presupuestales y crisis económica en el país.
RESPUESTA EN EL CONGRESO
El incremento de la remuneración presidencial ha generado un intenso debate político y social, mientras que en el Congreso se han presentado ocho proyectos de ley que buscan anular este aumento. Las bancadas Socialista, Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo impulsan estas iniciativas, argumentando que el alza es ilegal, inconstitucional y desconectada de la realidad económica del Perú.
El Decreto Supremo que oficializó el incremento sostiene que se basa en la Ley del Servicio Civil, sin embargo, sus detractores aseguran que la norma vulnera el principio de jerarquía legal y que el país no está en condiciones de asumir este gasto en medio de demandas sociales pendientes.
