La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación tras el avance del proyecto de ley que concede amnistías a militares, policías y miembros de Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por hechos ocurridos durante operaciones antiterroristas entre 1980 y 2000. En un comunicado publicado en su portal, la CIDH recordó que la prohibición de otorgar amnistías en casos de graves violaciones a los derechos humanos es una obligación del derecho internacional. LEA EL COMUNICADO EN ESTE ENLACE.
¿QUÉ INCLUYE EL PROYECTO DE AMNISTÍA?
El proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso contempla amnistías “humanitarias” a personas mayores de 70 años con sentencia firme o en ejecución por delitos cometidos durante dicho periodo. Sin embargo, la CIDH precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las amnistías en estos casos solo son admisibles cuando se trate de delitos no violentos o de menor gravedad y que, incluso en casos extremos, se deben aplicar medidas que menos restrinjan el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.
El Estado peruano informó al organismo que la norma aún no se encuentra vigente, por lo que no se ha configurado aún una vulneración de derechos. No obstante, la CIDH insistió en que las amnistías por violaciones graves no pueden ser aplicadas y solicitó priorizar mecanismos que aceleren los procesos pendientes para brindar certeza jurídica tanto a víctimas como a procesados.
CIDH PIDE GARANTIZAR JUSTICIA A VÍCTIMAS
La CIDH reiteró al Estado peruano que se deben garantizar las investigaciones y los juicios en casos de graves violaciones a los derechos humanos, priorizando el acceso a la justicia y el derecho a la verdad para las víctimas del conflicto interno. Asimismo, el organismo internacional exhortó a Perú a abstenerse de aprobar leyes que contravengan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Este pronunciamiento se da en medio del debate político y social que enfrenta el país sobre los procesos judiciales vinculados a las operaciones antiterroristas durante las décadas de 1980 y 1990, donde se cometieron crímenes que aún esperan justicia para cientos de familias peruanas.
