El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, advirtió que el Perú atraviesa un momento crítico en cuanto a su estabilidad institucional y remarcó que su preocupación no gira en torno a la presidenta Dina Boluarte como persona, sino a la figura presidencial. “Ella no se va a beneficiar con nada, ya le patearon la puerta, ya le presentaron todas las denuncias posibles. Se trata de resguardar la figura presidencial”, afirmó. Gutiérrez recordó que la Constitución impide acusar a un presidente salvo en casos específicos, y recalcó que “el respeto a esta norma garantiza la estabilidad política, lo que a su vez genera condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.
Amenazas institucionales y debilidad estatal
El defensor alertó sobre las amenazas que enfrenta la democracia peruana, advirtiendo que “la autocracia y la anarquía […] están presentes hoy en el Perú”, lo cual debilita tanto al Ejecutivo como al Congreso de la República. En esa línea, aseguró que “la Defensoría del Pueblo no busca blindar a la presidenta Dina Boluarte, sino proteger la investidura presidencial como símbolo de institucionalidad”. Recordó que la mandataria enfrenta actualmente 25 denuncias constitucionales, lo que, según dijo, descarta que exista algún beneficio político personal en sus pronunciamientos institucionales.
Gutiérrez también expresó su inquietud sobre la pérdida de legitimidad de los poderes democráticos, advirtiendo que “cuando el Congreso y el Poder Ejecutivo pierden fuerza, los poderes fácticos toman control”. En su opinión, esta situación “socava el estado de derecho y amenaza la democracia representativa”. Por ello, exhortó a los poderes del Estado a priorizar el fortalecimiento institucional: “Debemos evitar caer en extremos que debiliten aún más al Estado”, afirmó.
En otro momento, el defensor del Pueblo se refirió al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), señalando que este mecanismo “ha incentivado la informalidad y distorsionado la lucha contra la minería ilegal”. Propuso su “derogación inmediata” y una “reingeniería normativa” que permita diferenciar lo informal de lo ilegal. “Bajo la informalidad se escudan los ilegales. Eso es lo más dañino para la sociedad, porque distorsiona el estado de bienestar”, puntualizó.
