La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a través de su Tercer Despacho en Lima, ha iniciado una investigación preliminar respecto a la designación de Jaqueline Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República. La indagación surge ante la sospecha de que dicho nombramiento podría configurar el delito de negociación incompatible.
Vínculos políticos bajo investigación
La fiscal adjunta provincial Djanira Ajalcriña Cáceres ha solicitado formalmente al Congreso información detallada sobre el proceso de contratación de Lozano Millones, así como el marco normativo que regula la creación, funciones y composición del mencionado centro. Esta documentación será clave para verificar si se cometieron irregularidades en el nombramiento de la funcionaria.
Según fuentes fiscales, una de las principales hipótesis es que la designación de Lozano Millones no obedeció a criterios técnicos ni a un proceso transparente, sino que habría estado motivada por su cercanía con el partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Esta situación abre la posibilidad de que se haya utilizado el aparato estatal para otorgar beneficios laborales como forma de retribución política.
El caso se suma a otros procesos en los que el Ministerio Público busca determinar posibles actos de corrupción dentro del Congreso. De comprobarse los hechos, se podrían establecer responsabilidades penales contra quienes resulten implicados por favorecer intereses partidarios en detrimento del interés público.
