En 21 días entrará en vigor la nueva Ley de Contrataciones con el Estado, la cual introduce dos modificaciones claves. La primera permite que los familiares de los congresistas celebren contratos con entidades estatales, exceptuando únicamente al Congreso de la República. Según la abogada especialista en contratos públicos, Cecilia Ruiz Morales, esta medida podría generar posibles conflictos de intereses, ya que abre la puerta a situaciones sensibles en la gestión de recursos públicos.
La segunda modificación reduce el tiempo de impedimento para que un excongresista pueda ser contratado por el Estado. Anteriormente, debía esperar un año tras dejar su cargo, pero ahora el período se ha reducido a solo seis meses. La congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, expresó su rechazo a esta modificación, señalando que puede prestarse a malas interpretaciones y afectar la imagen del Congreso.
Desde la oposición, el congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, también criticó la medida, indicando que quienes ingresan al Parlamento deben asumir ciertos sacrificios y que la reducción del período de espera favorece posibles casos de tráfico de influencias. En la misma línea, la abogada Cecilia Ruiz Morales subrayó que esta modificación va en contra de los principios de transparencia y control que históricamente han buscado evitar conflictos de interés en las contrataciones estatales.
POLÉMICA LEY ENTRARÁ EN VIGOR
A pesar de las críticas, la norma ya ha sido aprobada y entrará en vigor en los próximos días. Especialistas en derecho público han advertido que su aplicación deberá ser monitoreada de cerca para evitar posibles irregularidades en el uso de los recursos del Estado y asegurar que se mantengan los principios de transparencia en la gestión pública.
