El Poder Judicial rechazó, en segunda instancia, la demanda de amparo presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, con la que buscaba anular la denuncia constitucional en su contra por las muertes ocurridas durante las protestas en contra de su gobierno, que se generaron de diciembre del 2022 a enero del 2023.
A través de una publicación en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Poder Judicial, se precisó que la Segunda Sala Constitucional de Lima emitió dicha decisión.
INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
Por otro lado, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional dio a conocer un nuevo informe que concluye que la jefa de Estado debe ser investigada por autoría mediata en el proceso penal que investiga las mencionadas muertes durante las protestas en contra de su Gobierno.
En el informe señalan que, pese a que la mandataria negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y “minimizó su papel en la represión estatal”, se reunió en diversas oportunidades con agentes de mando de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas.
La organización alega que estas reuniones con comandantes le dieron “múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno”.
“La determinación final de si existe o no responsabilidad penal siempre corresponderá a los tribunales de justicia en un debido proceso. Lo que podemos afirmar es que existe evidencia suficiente para que Dina Boluarte sea investigada por su responsabilidad penal individual como autora mediata de las muertes y lesiones ocurridas en el contexto de las protestas de 2022 y 2023”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional a OjoPúblico.
