Hoy, miércoles 10 de abril, el pleno del Congreso debate y vota el informe que plantea inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres.
El expremier es acusado por la presunta infracción constitucional por su papel y sus declaraciones en los ‘consejos de ministros descentralizados’ durante la gestión de Pedro Castillo.
“Ya se ha establecido que el denunciado llevo a cabo una serie de sesiones de 'consejo de ministros descentralizadas' sin marco constitucional y legal y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano; lo cual ya es en sí mismo un ejercicio indebido del poder otorgado; adicionalmente se ha determinado que las expresiones que el denunciado realizó en dichos espacios, así como frente a medios de comunicación se realizaron superando los límites para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al tener la calidad de funcionario público; constatándose así un ejercicio fuera de los límites constitucionales y legales previstos, materializándose la infracción constitucional imputada”, se lee el informe final, difundido por el diario El Comercio.
Dicha denuncia fue presentada en agosto del 2022 por el parlamentario Jorge Montoya, de la bancada Renovación Popular, tras las declaraciones de Torres del 11 de ese mes, en las que presuntamente azuzaba a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia Lima.
CONGRESO
Como bien se sabe, dicho informe ya fue aprobado por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), así que la sesión del día de hoy se trata de la última instancia parlamentaria.
Durante la sesión, las legisladoras Martha Moyano (Fuerza Popular) y Lady Camones (Alianza para el Progreso-APP) sustentarán la acusación, mientras que el exministro puede ejercer su defensa personalmente o a través de su abogado.
ANÍBAL TORRES
Es importante recordar que Aníbal Torres es investigado junto al exjefe de Estado Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros por rebelión por el golpe de Estado del 7 de abril. La Fiscalía solicita 15 años de prisión.
