El congresista Idelso García de Alianza para el Progreso (APP), ha presentado un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad mediante la creación y sanción del delito de terrorismo urbano. La propuesta, que modifica el Decreto Ley 25475 que regula la penalidad para los delitos de terrorismo, plantea duras sanciones, incluyendo penas de hasta 30 años de cárcel.
De acuerdo con el proyecto, se impondría la pena máxima de 30 años en casos donde el accionar terrorista provoque la muerte de una o más personas o cause daños que impidan la prestación de servicios esenciales.
En tanto, la pena de 25 años se aplicaría en situaciones que generen daño material a la propiedad pública y privada, obliguen a menores de edad a participar en los actos o resulten en lesiones graves a terceros.
Además, el proyecto contempla una pena de 20 años para aquellos que faciliten armas, herramientas o información para la realización de actos terroristas, así como para quienes realicen el seguimiento o recopilación de información personal de posibles víctimas.
SOBRE EL PROYECTO DE LEY
La iniciativa considera como terrorismo urbano cualquier acto que genere zozobra en la población y tenga como motivación atentados contra la vida, libertad y seguridad, así como contra el patrimonio y edificios públicos. Además, se incluyen motivaciones ideológicas o el deseo de obtener compensación económica mediante amenazas o coacción.
