La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe en el que se determina que hay indicios razonables para acusar al golpista Pedro Castillo Terrones y a su entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por favorecer a empresarios con obras de agua y saneamiento por S/4 millones.
Esta acusación que pesa sobre el expresidente sería por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
Por otra parte, se acordó remitir el informe respectivo a la Fiscalía en mérito a los indicios razonables indicados en el informe, además insta a que se establezca las responsabilidades penales de los acusados en corto plazo.
Esta investigación se da a causa de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín; así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del Decreto de Urgencia N.° 102-2021.
