La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó este lunes 03 de abril una denuncia contra la congresista de Alianza Para el Progreso, Rosío Torres, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Esta denuncia por parte de Procuraduría se da luego que el dominical Punto Final revelara que la Apepista habría obligado a trabajadores o extrabajadores de su despacho a depositar parte de sus salarios a la cuenta de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
En el reportaje periodístico se menciona el caso de Cecilia Salazar Mattos, quien trabajó como asesora de Torres desde julio del 2021 hasta agosto del 2022 y que durante dicho periodo habría transferido al familiar de la congresista un total de S/ 24 562.
Otro caso que se menciona es el de César Macedo Von Bncels, asistente en el despacho de Torres quien habría transferido 1000 soles mensuales al sobrino de la Apepista.
Separada de Ética
Tras este escándalo, la bancada de Alianza Para el Progreso decidió retirar a la legisladora de su cargo en la Comisión de Ética y le exigieron que brinde las explicaciones correspondientes sobre este caso.
