La titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva publicó en su cuenta Twitter que ha pedido el retiro de sus cinco proyectos de ley a la Oficialía Mayor del Parlamento. Dichos proyectos de ley son referidos a la materia laboral y el pedido del retiro tiene como finalidad realizar “un alto nivel de debate”.
“He solicitado retirar los proyectos de Ley que presenté en materia laboral para promover un mayor consenso con trabajadores, empleadores y especialistas en la materia, a efectos de tener un alto nivel de debate en pro de un empleo digno y una reactivación económica efectiva”, manifestó la titular del Congreso, este lunes 22.
Los cinco proyectos de ley que María del Carmen Alva pidió retirar son:
1° Proyecto de ley 00316/21 - CR, ley que modifica el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, ley de productividad y competitividad laboral aprobada por el Decreto Supremo N.º 003-97-TR.
2° Proyecto de ley 00317/21 - CR, ley que incorpora el artículo 52 al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, ley de productividad y competitividad laboral aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, para regular el cese individual por causas objetivas.
3° Proyecto de ley 00318/21 - CR, ley que precisa los alcances del trabajo en jornada parcial en el régimen laboral de la actividad privada.
4° Proyecto de ley 00320/21 - CR, ley que promueve la inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores.
5° Proyecto de ley 00321/21 - CR, ley que modifica los artículos 57, 58, 61, 63 y 72 del TUO del Decreto Legislativo N.º 728, ley de productividad y competitividad laboral, que regulan la contratación sujeta a modalidad.
Todas las iniciativas legislativas presentadas por la titular del Congreso habían sido derivadas a las comisiones de Economía y Trabajo del Congreso, respectivamente, desde el pasado 6 de octubre para su posterior debate y aprobación en el pleno.
No obstante, de todo el paquete de leyes laborales presentados por la parlamentaria, todavía se mantiene el Proyecto de Ley 00319/21 – CR, el cual refiere que el Estado podrá contratar a los pensionistas de las PNP y las FF.AA.
