Los congresistas oficialistas Carlos Bruce, Mercedes Aráoz, Janet Sánchez, así como el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry; el ex primer ministro César Villanueva, el exoficialista Alberto de Belaunde y la parlamentaria de izquierda Marisa Glave, también integrarían la lista de los integrantes del Legislativo que habrían cobrado S/ 2800 por las semanas de representación, pese a que no habrían cumplido cabalmente sus funciones durante esos días.
Esta situación la dio a conocer este miércoles el parlamentario Jorge Castro Bravo (no agrupado) a través de una conferencia de prensa, en la que afirmó que estos parlamentarios también incumplieron con sus semanas de representación, tras haber revisado la información consignada en el portal web del Congreso.
Según la información que presentó Castro, el ahora ministro de Vivienda, Carlos Bruce, solo ha presentado “un informe durante todo su periodo como congresista. El mencionado informe corresponde a los meses de septiembre y octubre de 2016, “pero solo informa en una hoja respecto a las actividades de octubre”. De acuerdo a lo denunciado por Castro, esta situación se estaría replicando con más de 100 congresistas.
Jorge Castro también indicó que al no cumplir con estos cinco días de la semana de representación, así como visitar regiones por las cuales no fueron elegidos, se está faltando al reglamento del Congreso, específicamente el artículo 23, inciso f.
Este artículo indica que los congresistas deben “mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo”.
Por su parte, un representante de la Contraloría General de la República señaló que esta entidad ha dispuesto una acción de control. “Vamos a identificar si efectivamente la administración del Congreso actuó como debía actuar, si pagó de acuerdo a las normas y procedimientos que debieron utilizarse para esos pagos y si no se cumplió, se identificará las responsabilidades administrativas y civiles que correspondan”, sostuvo.
