La Corte Suprema ratificó la vigencia del mandato de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente Pedro Castillo, como parte del proceso penal por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión implica que Castillo seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
El tribunal supremo declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por la defensa de Castillo, que buscaba revocar la prisión preventiva para afrontar el proceso bajo comparecencia con restricciones. El recurso cuestionaba la intervención de fiscales adjuntos en audiencias donde, según la defensa, solo deberían participar fiscales supremos previamente designados.
No obstante, la Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín, confirmó que no existe vicio en la actuación de los fiscales adjuntos y que las actuaciones procesales no pueden retrotraerse a etapas iniciales según el artículo 154, apartado 4 del Código Procesal Penal. La Corte también precisó que la sustitución de la medida de prisión preventiva por comparecencia requiere nuevos medios de investigación o prueba que justifiquen la modificación, conforme al artículo 283, apartado 4 del CPP.
FISCALÍA PIDE 34 AÑOS DE PRISIÓN PARA CASTILLO
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 34 años de prisión y 3 años con 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, acusando a Castillo de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Además, sobre el expresidente pesan otros mandatos de prisión preventiva por investigaciones relacionadas a presuntos delitos de organización criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
