El magistrado Pedro Hernández, integrante del Tribunal Constitucional (TC) y responsable de la ponencia del fallo que detuvo las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, aseguró en una entrevista con Canal N que la decisión busca ordenar las competencias entre instituciones y no otorgar beneficios individuales. En entrevista televisiva, subrayó que la medida responde a un proceso de carácter normativo y que lo resuelto no se dirige a favor ni en contra de una persona en particular y añadió que en el Perú “no es posible vivir en una cultura de la sospecha".
Alcances de la sentencia
Hernández explicó que el fallo retoma un criterio histórico de interpretación constitucional que predominó en el país durante casi dos siglos, hasta que fue modificado en 2022 por el Ministerio Público. Señaló que la investigación penal formal contra la jefa de Estado se mantiene en suspenso hasta la culminación de su mandato, sin dejar sin efecto lo ya avanzado. Precisó además que, mientras dure la gestión, el Ministerio Público puede realizar diligencias que no interfieran con la investidura presidencial, como solicitudes de información o declaraciones.
El magistrado aclaró también que los mecanismos de control político, como la vacancia o el antejuicio, permanecen intactos. De acuerdo con su exposición, estos procedimientos se aplican bajo los límites que fija la Constitución, particularmente en relación con el artículo 117. Asimismo, descartó que la resolución tenga efecto retroactivo, por lo que no alcanza a casos anteriores como el del expresidente Pedro Castillo.
Finalmente, Hernández subrayó que el TC no está facultado para modificar la Constitución, solo para interpretarla. Reiteró que cualquier reforma al artículo 117 corresponde al Congreso. También advirtió sobre el peligro de utilizar la justicia penal como herramienta política y llamó a reforzar el principio de presunción de inocencia frente a lo que describió como una “cultura de la sospecha”.
