La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva pesquisa preliminar por parte del Ministerio Público, esta vez por un supuesto aporte económico no declarado durante la segunda vuelta electoral de 2021. La indagación, impulsada por la Fiscalía de Lavado de Activos, busca esclarecer si recibió S/ 150 mil del empresario Eduvigis Beltrán Salinas para fines proselitistas, cuando integraba la fórmula presidencial de Pedro Castillo por Perú Libre. Al tratarse de hechos previos a su llegada a un cargo público, no se requiere la venia del Congreso de la República para que el caso avance.
Presunta reunión y entrega de dinero en campaña
Según la hipótesis fiscal, el aporte se habría acordado durante una reunión realizada el 19 de mayo de 2021 en una vivienda del Cercado de Lima, a la que habrían asistido Boluarte, su asistenta de campaña Marcela Saldarriaga, Maritza Sánchez y el empresario implicado. El dinero habría sido destinado a costear la participación de una “batucada” en actividades políticas. Si bien no se ha determinado si Boluarte recibió el dinero de manera directa, se sostiene que la entrega se concretó entre el 19 y 26 de mayo, tras un almuerzo en un restaurante limeño.
Eduvigis Beltrán ha rechazado haber participado en dicho encuentro y asegura no conocer a la jefa de Estado, por lo que su testimonio no ha sido considerado útil por la Fiscalía de la Nación. En tanto, Saldarriaga, señalada como pieza clave en la presunta operación, falleció en 2023. El Ministerio Público ha programado la declaración de Boluarte para el 14 de octubre de este año, como parte de una carpeta más amplia que investiga posibles delitos de lavado de activos vinculados a su entorno político.
La investigación se desarrolla de manera independiente a otras denuncias constitucionales que aún pesan sobre la mandataria. Mientras tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó recientemente una acusación en su contra por las muertes registradas durante las protestas de 2022 y 2023. No obstante, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias penales por esos hechos, además de otras investigaciones por encubrimiento en el denominado caso “Cofre” y por el presunto uso excesivo de la fuerza en conflictos sociales.
