La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado que Mauricio Fernandini, periodista implicado en el caso Fondo Mi Vivienda, pague S/500,000 como reparación civil al Estado peruano.
La entidad señala que Fernandini habría incurrido en presunto lavado de activos al colaborar en una red de corrupción vinculada a la empresaria Sada Goray, quien también enfrenta una investigación junto a otros implicados.
Esta solicitud llega en el marco de un proceso de investigación preparatoria y busca constituir a la Procuraduría como “parte agraviada” en el caso, una medida aprobada por el juez Raúl Justiniano.
Además de esta suma, el ente judicial solicitó una reparación de S/50 millones a favor del Estado, también en contra de Fernandini, Goray y otros involucrados en la presunta colusión agravada y organización criminal.
PRESUNTA PARTICIPACIÓN DE FERNANDINI
Según la Fiscalía, Fernandini habría utilizado sus contactos y posición en los medios de comunicación para conectar a la empresaria Sada Goray con el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
El propósito de estas gestiones, según las investigaciones, fue asegurar que el Fondo Mi Vivienda (FMV) suscribiera contratos millonarios a favor de Goray, quien presuntamente habría desembolsado grandes sumas de dinero para estos fines.
El periodista, además, prestó su domicilio para reuniones donde, según la Fiscalía, se entregaban los pagos destinados a influir en la administración del FMV. Estos encuentros habrían tenido como resultado el cambio de directivos y la concesión de contratos favorables a los intereses de la empresaria.
RELACIÓN Y NEXOS DE FERNANDINI CON LOS IMPLICADOS
Fernandini habría sido introducido en el esquema de corrupción a través de su prima, Pilar Tijero, quien lo conectó con Goray. Se presume que, por esta labor de intermediación, Fernandini también habría recibido pagos adicionales.
Entre las pruebas presentadas, se destaca que una entrega de S/200,000 fue realizada en el departamento del periodista en la calle Conde de la Moncloa, donde también se aprobó un convenio del FMV que favorecía a la empresa Markagroup SAC, vinculada a la empresaria.
