El Tribunal Constitucional (TC) evaluará la demanda presentada por el gobierno de Dina Boluarte para anular las investigaciones en curso contra la mandataria. La presidenta del TC, Luz Pacheco, indicó que la evaluación de este caso podría demorar hasta 30 días útiles. La demanda competencial fue interpuesta por el gobierno ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, argumentando que las investigaciones afectan el ejercicio de las funciones presidenciales y violan su inmunidad.
En paralelo, los abogados de Boluarte, Domingo García Belaunde y Ernesto Blume, presentaron un habeas corpus para invalidar la diligencia de allanamiento realizada en la vivienda de la presidenta en marzo de este año, relacionada con el llamado ‘caso Rolex’. Esta investigación se originó tras la intervención de la Fiscalía y la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes buscaban evidencias sobre la presunta vinculación de Boluarte con hechos ilícitos.
El ‘caso Rolex’ ha sido ampliamente comentado en la opinión pública, y los abogados defensores sostienen que la medida de allanamiento fue desproporcionada e inconstitucional, por lo que buscan la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. El TC también deberá pronunciarse sobre este recurso en los próximos días.
TENSIÓN ENTRE PODERES DEL ESTADO
La demanda competencial presentada por el gobierno refleja la tensión existente entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, así como el Poder Judicial. El equipo legal de Boluarte argumenta que las investigaciones en curso representan un ataque político que busca desestabilizar su gestión y que, al afectar a la figura presidencial, se estarían vulnerando los principios de separación de poderes y autonomía del Ejecutivo.
Mientras el TC analiza el caso, el Ministerio Público y la Diviac continúan con las diligencias relacionadas con el ‘caso Rolex’ y otras investigaciones en contra de Boluarte. Los resultados de estos procesos serán determinantes para definir el futuro de la mandataria, quien ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con actividades ilícitas.
