El Poder Judicial ha dado paso a las apelaciones de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, y su hermano Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso.
Los hermanos buscan que se archive la acusación de organización criminal en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’, basándose en modificaciones legislativas recientes. Estas apelaciones siguen a una resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, quien el pasado 27 de agosto había rechazado los primeros intentos de los Cerrón por desestimar el proceso penal en su contra.
Los argumentos de la defensa se apoyan en la Ley 32108, que introduce cambios al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley contra el crimen organizado. Esta ley, recientemente promulgada por el Congreso, no fue observada ni promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que ha abierto una ventana legal que los Cerrón intentan aprovechar para su beneficio.
El caso, que ha capturado la atención del público y de medios nacionales, destaca por las graves acusaciones contra Vladimir Cerrón como presunto cabecilla de una red criminal que involucraba sobornos por licencias de conducir y empleo público en la región de Junín. Su situación se complica aún más con una condena previa y una orden de prisión preventiva relacionada con financiamiento ilegal de campañas.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y LEGALES
La decisión del juez Chávez Tamariz de admitir las apelaciones y enviarlas a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá evaluarlas en una audiencia virtual, pone de relieve las complejidades del sistema judicial y las implicancias políticas del caso. Este proceso no solo es crucial para los hermanos Cerrón sino también para el panorama político del Perú, donde las acusaciones de corrupción siguen resonando en los pasillos del poder.
