La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que declara infundado el pedido de tutela de derechos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.
La defensa del alcalde solicitaba la corrección de la disposición fiscal que amplió el periodo de investigación, buscando regresar al periodo inicial y anular todas las disposiciones posteriores derivadas de esta decisión.
Sin embargo, el tribunal consideró que la disposición fiscal se encuentra razonablemente fundamentada por el representante del Ministerio Público. Además, subrayó que la acción del fiscal no constituye arbitrariedad, ya que este es el responsable de dirigir la investigación y establecer la estrategia investigativa.
EL CASO
La investigación se originó en 2017 con la revelación de los Panama Papers, que señalaban actividades fraudulentas en las que estaría involucrado López Aliaga. En este contexto, se ordenó una pericia financiera que abarcó las operaciones entre 2010 y 2018, revelando un incremento patrimonial cuya procedencia u origen no ha sido evidenciado.
