En un desarrollo significativo, el Poder Judicial emitió una orden que exige al gobierno de la mandataria Dina Boluarte entregar los planes operativos utilizados por la Policía y las Fuerzas Armadas para sofocar las violentas protestas que sacudieron el país en diciembre y enero pasados.
El Juez Juan Carlos Checkley tomó esta decisión luego de una audiencia en reserva en respuesta a una solicitud de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había rechazado previamente compartir esta información en múltiples ocasiones.
En particular, la PCM había expresado su oposición a proporcionar los informes elaborados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) durante ese período, informes que también están relacionados con el primer ministro Alberto Otárola.
Cabe destacar que en una declaración fiscal anterior, la Jefa de Estado afirmó que los planes operativos para la movilización de las fuerzas del orden fueron aprobados en una sesión del Consejo de Ministros.
Esta resolución del magistrado se emitió el 3 de octubre pasado. Según el diario Peru21, el procurador de la PCM, Carlos Cosavalente, ha apelado esta decisión, y se espera que la apelación sea revisada por una sala en segunda instancia en el futuro.
AMPLIAN INVESTIGACIÓN
La fiscal Benavides ha ampliado la investigación contra Boluarte y Otárola por ocho meses adicionales.
Ambos son señalados como los responsables políticos de las muertes que se produjeron durante las manifestaciones desencadenadas por el supuesto golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
