En unos días, Pedro Castillo cumplirá siete meses detenido por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022. Desde esa fecha, el exmandatario y su entorno han presentados varios recursos esperando conseguir su liberación. Sin embargo, su estrategia ha fracasado en el Poder Judicial (PJ).
Según el diario Correo se han presentado al menos 15 recursos para dejar sin efecto el encarcelamiento e incluso, restituirlo en el poder, aunque todo ha sido desestimado. Sus recursos van entre hábeas corpus, apelaciones, acciones de amparo, tutelas de derecho, casaciones y otros.
El PRIMERO
El 8 de diciembre de 2022, un día después del golpe, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, rechazó el hábeas corpus que presentó Gregorio Parco en representación de la Federación Nacional de Abogados. El recurso intentó liberar al expresidente de la prisión preliminar bajo el argumento que su detención fue arbitraria porque no se levantó su inmunidad.
En febrero de este año, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, rechazó el hábeas corpus que presentó nuevamente, con algunos cambios, la Federación Nacional de Abogados. En el mismo sentido fueron declarados improcedentes otros recursos de hábeas corpus en Lima. Por lo que los defensores de Castillo presentaron un hábeas corpus en San Martín y tres en Junín, todos rechazados.
MÚLTIPLES RECURSOS
Además, se presentaron tres apelaciones contra la prisión preventiva: dos por el golpe y una por presuntos hechos de corrupción. Y dos cuestiones previas, en primera y segunda instancia, a fin de anular la investigación por el delito de rebelión, todas fueron declaradas infundadas, al igual que una tutela de derechos por supuesta violación al debido proceso.
Los recursos de los abogados y defensores de Pedro Castillo Terrones no solo fueron rechazados en una primera o segunda instancia, también en Corte Suprema. Un recurso de casación contra las resoluciones judiciales que dispusieron su prisión preventiva fue desestimado.
PJ VA RESOLVIENDO
Un recurso del exmandatario se resolvió ayer en su contra. Se trata de la excepción de improcedencia de acción que planteó su defensa legal con el objetivo de archivar la investigación en su contra por el delito de rebelión.
Cabe precisar que el expresidente tiene pendiente la resolución de una acción de amparo que presentó contra el Congreso de la República. Una vez más, intenta anular la vacancia y ser restituido en el cargo. Con información de Correo.
