Un reportaje de Panorama reveló que más de 500 cámaras corporales adquiridas en 2022 por el Ministerio del Interior para la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran almacenadas sin uso en comisarías de Lima, Callao y La Libertad. La compra, realizada bajo el “Programa Seguro”, tuvo un costo de S/ 3 millones 955 mil y tenía como objetivo reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, los equipos permanecen empolvados en sus cajas desde hace casi dos años.
Según explicó Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría General de la República, una inspección aleatoria en 20 comisarías del país reveló deficiencias en la distribución, procesamiento y almacenamiento de las imágenes generadas por estos dispositivos. “Las cámaras tienen que estar conectadas a una plataforma que procese y conserve la información cuando sea requerida por otras autoridades, pero eso no está ocurriendo”, advirtió en diálogo con nuestro reportero Luis Vargas.
Estas cámaras de última generación, que podrían ser piezas clave en la recolección de pruebas en operativos policiales, están inactivas en un contexto de creciente criminalidad y violencia. En lo que va del año, el Sinadef ha registrado 1.281 asesinatos, cifra que pone en evidencia la urgencia de mejorar las herramientas de intervención policial. A pesar de la inversión millonaria, el Mininter habría responsabilizado a la propia PNP por la falta de implementación del sistema.
MUNICIPIOS USAN BODYCAM
Paradójicamente, mientras las cámaras de la PNP están sin uso, varios municipios sí emplean bodycam en sus labores de fiscalización y patrullaje. En San Juan de Lurigancho, los serenos, fiscalizadores y agentes de tránsito están portando estos dispositivos activos durante sus turnos. “No pueden apagarlas. Si lo hacen, igual registran la ruta por GPS”, explicó el alcalde Jesús Maldonado, destacando el contraste entre la eficiencia municipal y el desorden institucional a nivel nacional.
