La Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en los servicios de seguridad ciudadana que brindan 248 gobiernos locales en las 24 regiones del interior del país. El operativo, denominado “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales”, se realizó del 8 al 14 de mayo y evidenció múltiples limitaciones operativas que comprometen la capacidad de respuesta ante la delincuencia.
Entre los hallazgos más preocupantes figuran 1553 cámaras de videovigilancia inoperativas (el 20% de las 6144 instaladas), siendo las regiones más afectadas Arequipa (255), La Libertad (180) y Lima Provincias (153). Además, el 22% de las cámaras no almacenan las grabaciones por el plazo mínimo de 45 días, como exige la norma, y el 86% de las municipalidades no tiene un plan de mantenimiento para estos equipos.
Respecto a los equipos de radiocomunicación, se detectaron 1054 unidades inoperativas (el 19% del total) y se constató que el 32% de las municipalidades no cuenta con un centro de telecomunicaciones para monitoreo y respuesta ante emergencias.
En cuanto al patrullaje municipal, 378 vehículos (el 14% del total) están inoperativos, mientras que 34 gobiernos locales no realizan patrullaje conjunto con la Policía Nacional, lo que debilita la coordinación interinstitucional.
El personal de serenazgo también enfrenta condiciones precarias: el 63% de las municipalidades supervisadas no les proporciona equipo de protección completo, y el 20% solo les entrega equipamiento parcial, sin chalecos antibalas, rodilleras ni coderas.
De forma aún más crítica, seis municipalidades no cuentan con servicio de serenazgo ni con cámaras de videovigilancia, lo que refleja una ausencia total de presencia municipal en materia de seguridad.
Ante estos resultados, la Contraloría ha solicitado a los gobiernos locales adoptar medidas correctivas y elaborar planes específicos de serenazgo, alineados a las directivas nacionales y con enfoque de gestión de riesgos.
