El delito de extorsión se ha desbordado en el Perú, pero el sistema judicial sigue rezagado. “De 3,757 denuncias, apenas 1,255 resultaron en una condena efectiva”, alerta el Observatorio del Crimen. Es decir, solo uno de cada tres extorsionadores termina en prisión.
Retroceso judicial ante una amenaza creciente
En 2018, el panorama era otro: “el 90% de las denuncias por extorsión acababa con cárcel para el delincuente”, señala el informe. Ahora, la cifra se ha desplomado a un 33.4%, y en los últimos ocho meses solo se han encarcelado 104 extorsionadores más. “Este ritmo de respuesta es insuficiente para contener el problema”, enfatiza el documento.
La expansión de este delito ha sido nacional. “Ya no es solo un fenómeno del norte, ahora está en todo el país”, advierte el Observatorio. Sin embargo, la respuesta del sistema penal parece inmóvil. “Con estos resultados no se puede empezar a revertir la tendencia”, concluye.
La extorsión crece más rápido que la justicia. Y mientras eso ocurre, los ciudadanos quedan expuestos y desprotegidos.
