En medio del creciente clima de inseguridad en el país, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado solicitando al Poder Ejecutivo la adopción de medidas extraordinarias frente al incremento de delitos violentos. Según el documento, “a pesar de encontrarnos en Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao, la criminalidad no se detiene y sigue cobrando la vida de más peruanos”. La entidad remarcó que el sicariato, la extorsión y el robo agravado “se cometen en su mayoría por dos individuos a bordo de motocicletas lineales”, lo que, según la Defensoría, representa una amenaza para la seguridad ciudadana.
Restricciones al uso de motos: medida temporal para combatir la criminalidad
La Defensoría propuso que “se restrinja el uso de motocicletas lineales desde las 18:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente”, impidiendo su circulación fuera del rango establecido “sin ninguna excepción”. Asimismo, el comunicado insta a que “se prohíba, sin excepción, que las motocicletas transporten a más de una persona” durante ese horario. Estas medidas, precisó el organismo, “tienen por finalidad dificultar el accionar de las bandas criminales que operan bajo esta modalidad y prevenir nuevos actos violentos contra la población”.
La institución también argumentó que “la rápida huida de los delincuentes, contra el tráfico, uso de vías peatonales, escaleras, entre otros”, complica la labor de las fuerzas del orden. Por ello, enfatizaron que las motocicletas se han convertido en “una herramienta criminal en los atentados contra la vida, la salud y la seguridad ciudadana”.
Además de las restricciones, la Defensoría solicitó que “se evalúe la efectividad de estas medidas luego de transcurridos treinta (30) días calendario desde su vigencia”. Afirmaron que las acciones deben implementarse únicamente “en zonas declaradas en Estado de Emergencia” y “con respeto pleno a los demás derechos fundamentales”. La propuesta se presenta como una medida temporal y sujeta a revisión, con el objetivo de proteger a la ciudadanía sin vulnerar el marco constitucional.
Finalmente, el organismo subrayó que estas disposiciones son necesarias ante la “grave crisis de inseguridad que venimos padeciendo día a día como sociedad”. Recordaron que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, en línea con el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. En este sentido, hicieron un llamado a la acción coordinada y eficaz para frenar la violencia en las calles.
