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Hace 1 meses

La Libertad: amplían estado de emergencia en Trujillo, Pataz y Virú para combatir el crimen organizado

El Gobierno peruano extiende por 30 días el estado de emergencia en tres provincias para enfrentar la criminalidad y proteger la seguridad ciudadana.

Composición: Infobae



El Ejecutivo ha decidido prorrogar por 30 días más el estado de emergencia en Trujillo, Pataz y Virú, provincias de la región La Libertad, en un esfuerzo por frenar el avance del crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana.

Esta ampliación, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 091-2024-PCM y publicada en el Diario Oficial El Peruano, entrará en vigencia a partir del miércoles 11 de septiembre de 2024.

La medida responde a la recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que alertó sobre la continua afectación al orden interno en Pataz debido a la minería ilegal y los delitos conexos.

En Virú, la extorsión y otras formas de criminalidad siguen perturbando la vida diaria de los ciudadanos, afectando tanto la seguridad personal como el desarrollo económico de la región.

En Trujillo, la situación no es diferente. La capital regional enfrenta un panorama preocupante de criminalidad con una alta incidencia de delitos como hurto, robo y extorsión, que siguen creciendo en frecuencia. Además, se ha detectado un aumento en delitos contra el patrimonio y la libertad sexual, lo que resalta la compleja realidad que enfrenta la Policía Nacional en su lucha contra la inseguridad.

SOBRE LA MEDIDA

La prórroga del estado de emergencia permite a la Policía Nacional mantener el control del orden interno, apoyada por las Fuerzas Armadas, quienes participan activamente en operativos de patrullaje y control en las zonas más afectadas. Esta medida busca disuadir a los grupos criminales y devolver la tranquilidad a las calles de Trujillo, Pataz y Virú.

Durante este periodo de emergencia, se restringirán o suspenderán ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Estas limitaciones están diseñadas para facilitar la intervención de las autoridades en situaciones críticas y garantizar una respuesta más efectiva ante las amenazas del crimen organizado.


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