Es la primera vez en la historia del Perú, que un caso de abuso sexual contra una niña peruana es presentado al Comité de los derechos del niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano de la ONG Centro de promoción de los derechos sexuales y reproductivos (PROMSEX) y en el marco del Día Internacional de la Niña, 11 de octubre. El Estado peruano ya ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores en otros Comités de la ONU, por haberse negado a brindar información y acceso al aborto terapéutico a dos niñas que lo solicitaron. Sin embargo, esta falencia y tortura para las niñas, se sigue repitiendo.
Camila vivía en una zona rural del Perú y fue ultrajada por su padre desde los 9 años y a los 13 años quedó embarazada. Ante las autoridades policiales, la niña reveló que su padre la había estado violando durante al menos cuatro años. Por ese motivo, la Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor y en mayo del 2019, el delincuente fue sentenciado a cadena perpetua.
Es la primera vez que se denuncia la revictimización del Estado contra las niñas por violencia psicológica y sexual, a causa de la ausencia de los enfoques de interculturalidad y niñez, en el Protocolo de aborto terapéutico del Minsa.
#JUSTICIAPARACAMILA
Así como a Camila, a miles de niñas violadas se les impone un embarazo y maternidad forzadas que ponen en riesgo su vida y su salud física, mental y emocional, afectando de ese modo sus posibilidades de un futuro en el que pueda desarrollarse y lograr sus sueños.
“El caso de Camila es un patrón del Estado. Esas falencias son una serie de vulneraciones horribles que no solo ha vivido Camila. A pesar de que al Perú se le ha recomendado aplicar la normativa en el tema de aborto, esperamos que el Estado aplique un enfoque de niñez e interculturalidad, sobre todo para víctimas de violencia sexual. Ellas necesitan una atención eficaz, de calidad y rápida, no una persecución penal ni más violencia”, explicó Claudia Castro, abogada y asesora del área de Litigio Estratégico de Promsex.
Asimismo, Promsex asumió la defensa de Camila e inició una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que quede libre de la persecución en su contra.
Este caso llegó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de la mano de Promsex y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento #NiñasNoMadres. Camila busca justicia para que ninguna niña, en Perú o América Latina, tenga que vivir de nuevo esta situación y que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar lineamientos que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual.
“Lo sucedido en el caso Camila es solo una muestra de cómo, a pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares como el de L.C., hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados, para que las niñas no sean revictimizadas cuando son víctimas de violencia sexual y necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención, en el marco de la Guía de atención del protocolo de aborto terapéutico. El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas”, señala Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.
