En medio de la crisis sanitaria, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estableció una nueva estrategia de intervención en los 68 centros penitenciarios del país, según el Plan de Acción Frente al Riesgo de Introducción de la Covid-19.
Dicha intervención busca tener de aliada a la población penal para que contribuya a implementar medidas de prevención e intervención temprana a los pacientes sintomáticos, asegurando que los mismos reciban atención médica oportuna.
Para ello se conforma un comité Covid-19 con los internos e integrado por un delegado, que preside, monitorea y supervisa las actividades en su pabellón, además de un coordinador de salud que realiza la ejecución de las mismas.
Luego, el personal de salud, contratado por el INPE, capacita a los internos de cada comité en temas como: conociendo el coronavirus, medidas de protección, manejo de termómetros, hábitos higiénicos, síntomas y signos de alarma.
Una vez que algún integrante del comité Covid-19 identifique un caso con algunos de los síntomas deberá registrarlo en un formato de seguimiento e informará al personal de salud para su evaluación médica correspondiente.
El INPE ha establecido una serie de acciones en el penal de Lurigancho que comprende la instalación de un área de triaje, radiología, electrocardiograma, una zona para atención de casos moderados, haciendo un total de más de 120 camas.
