La Contraloría General de la República detectó como resultado de una auditoria, un perjuicio económico por 6 millones 191,422 dólares y 271,500 soles en el contrato de concesión del terminal portuario de Paita en la región Piura.
Las pérdidas se darían debido al incumplimiento de obligaciones contractuales y de la normativa del Sistema Portuario Nacional. El órgano contralor detectó estas cifras como resultado de una auditoría de cumplimiento a la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Según el informe, la entidad fiscalizadora identificó presunta responsabilidad de 22 funcionarios y exfuncionarios de la APN y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), involucrados en el caso.
El contrato de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal Portuario de Paita, suscrito el 9 de setiembre de 2009 y concesionado a 30 años, alcanzó la revisión del período comprendido entre el 31 de marzo de 2009 al 30 de marzo de 2018.
Entre las observaciones se identificó que APN aprobó los expedientes técnicos de obras civiles, equipamiento complementario y servicios de sistemas de información como Inversiones Adicionales, y el Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a Inversiones Mínimas.
Todo esto ocasionó al Estado un perjuicio de 2 millones 947,253.53 dólares por la reducción del monto de inversión adicional, incluido IGV, consignado en la propuesta económica del concesionario.
Además el concesionario entregó fuera del plazo previsto en el contrato de concesión, la información que acreditaba el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad (NSP) de 8 trimestres de la concesión; y el Ositran no inició el procedimiento administrativo sancionador , pese a que constituía una infracción grave, lo que ocasionó que no se aplique una sanción de 720,000 soles como mínimo.
También observó que la APN modificó la metodología para la medición de los NSP del terminal, incorporando sin sustento técnico deducciones de tiempo para el cálculo de los rendimientos exigidos en el contrato de concesión, afectando la calidad de los servicios prestados a los usuarios y el favorecimiento al concesionario, puesto que pudo ser pasible de penalidades por 122,763.69 soles.
El concesionario tampoco presentó los estados financieros auditados de sus accionistas fiadores dentro de los primeros cuatro meses de cada año de la concesión, según lo previsto en la adenda N° 1 al contrato de concesión, ocasionando perjuicio al Estado por 271,500 soles debido a la inaplicación de las penalidades correspondientes.
OSITRAN RESPONDE
Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, consideró que la denuncia donde se ven involucrados varios funcionario constituiría un abuso de autoridad. Además aclaró que la entidad a su cargo no define las obras mínimas o adiciones, sino el concesionario (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional y esto está estipulado en el contrato. Además que la Contraloría se estaría basando en un acta donde ProInversión opinó que las obras de la concesión deberían ser las mínimas pero que no se plasmo en las bases ni en el contrato.
