Las agencias de Naciones Unidas con presencia en el Perú manifestaron su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley N.° 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal a los 16 años. En un comunicado conjunto, la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalaron que esta medida “resulta contraria a la Convención sobre los derechos del niño”, tratado internacional suscrito por el Estado peruano. El documento sostiene que esta norma compromete los derechos de los adolescentes y representa un retroceso en los estándares internacionales de justicia juvenil.
Medida cuestionada por su escasa efectividad y alto riesgo social
De acuerdo con las cifras oficiales mencionadas por las agencias, el 98% de los delitos reportados en el país son cometidos por personas adultas. En ese sentido, el comunicado afirma que “la medida adoptada no será significativa en la reducción de la inseguridad y criminalidad que afecta al país”. Además, se advierte que internar a adolescentes junto a adultos en centros penitenciarios puede tener un efecto contrario al deseado: “lejos de lograr la rehabilitación social, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal”.
Las Naciones Unidas también expresaron su comprensión ante el reclamo ciudadano por mayor seguridad, pero subrayaron que las políticas públicas deben respetar los derechos de los menores de edad. “El mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo legítimo de los países”, reconocen las agencias firmantes, pero recalcan que este fin debe lograrse “con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de la justicia juvenil”. En ese marco, insistieron en la necesidad de una respuesta penal diferenciada para los adolescentes, así como instituciones especializadas para atender estos casos.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su respaldo al Estado peruano para fortalecer su sistema de justicia juvenil. Recordaron que el país ya cuenta con la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, la cual busca “prevenir la criminalidad adolescente, mejorar la justicia penal juvenil y fortalecer la reinserción social de los adolescentes”. Por ello, instaron a las autoridades a “considerar la derogación de la ley recientemente promulgada” y ofrecieron “todo su apoyo técnico para la búsqueda de soluciones conjuntas”.
