La Junta Nacional de Justicia (JNJ) requirió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, documentación detallada sobre la liberación de 16 ciudadanos venezolanos detenidos durante un operativo en un 'búnker', en Ate, presunto centro de microcomercialización de drogas y proxenetismo.
Mediante su Comisión de Procedimientos Disciplinarios, el organismo exige los fundamentos jurídicos de la decisión, un informe de las diligencias fiscales y el estado actual de las investigaciones, ante la preocupación por una "posible omisión" de pasos esenciales que afectaría la lucha anticriminal.
Operativo y cuestionamientos a la Fiscalía
El Ministerio Público liberó a los 16 detenidos, de un total de 21, argumentando falta de pruebas y la ausencia de un fiscal durante el allanamiento. La JNJ, en su pedido formal, incluyó la solicitud de datos sobre medidas cautelares y "elementos de relevancia" para evaluar la actuación fiscal.
"Que permita valorar de forma objetiva y transparente la actuación del Ministerio Público en este proceso", señaló el organismo, enfatizando su rol de supervisión disciplinaria para garantizar la integridad del sistema judicial.
Mandato de la JNJ y repercusiones en ciudadana
La Junta reiteró que su accionar se enmarca en su facultad de controlar a fiscales y jueces para evitar fallas que dañen la credibilidad institucional. "La ciudadanía exige transparencia", indicó, al recordar que el caso podría incidir en la percepción de impunidad.
Allanamiento sin fiscal y liberación
El operativo en Ate, se realizó a fines de abril y terminó con la liberación de la mayoría de los detenidos, debido a falta de pruebas y no contar con la presencia de un fiscal en la intervención. El hecho generó cuestionamientos sobre la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público en este tipo de procedimientos.
